Cuando se trata de migraciones todos los países y sus poblaciones se sienten únicos en la situación que están viviendo. Y pese a que los retos y situaciones críticas se perciben como diferentes, las respuestas inmediatas que se proponen son muy similares y, en general, construidas sobre la militarización y polarización del discurso.
Con ello pretendemos inspirar y también demostrar que la militarización y el discurso de odio no sirven más que para incrementar el caos y la inseguridad. Hay sistemas que demuestran que el orden se consigue creando espacios sostenibles, ordenados, legales, democráticos y respetuosos con las personas.
La OCDE tiene 38 países miembros. Todos ellos y muchas otras economías de renta media tienen en común por un lado el decrecimiento continuado de la natalidad y por otro la extensión de la esperanza de vida.
El resultado es un envejecimiento demográfico.
Es decir, que para estos países, cualquier problema migratorio se puede convertir en una oportunidad si se sabe unir la necesidad del país o la región en cuestión con las capacidades de quienes migran.
77%
de las empresas de los países de la OCDE tienen dificultades para cubrir sus vacantes
400 millones de nuevos trabajadores
más de 1.500
euros anuales
80%
Pese a este incremento, estamos muy lejos de cubrir las necesidades de las naciones de la OCDE. Durante las próximas décadas, las empresas de los países de altos ingresos necesitarán en conjunto centenares de millones de nuevos trabajadores. El crecimiento del número de empleados de 20 a 54 años ya se ha aplanado.
Frente a este desafío, diferentes países ya se están moviendo para diseñar y aplicar modelos de movilidad laboral temporal y permanente que (a) cubran sus necesidades de mano de obra y capacidades; (b) contribuyan a sostener la financiación de sus modelos de bienestar a través de los impuestos; (c) ordenen la llegada ordenada,segura y con derechos de los trabajadores migrantes. Estas experiencias son diversas en su magnitud y alcance, y afectan a diferentes fases del proceso migratorio.
Los expertos de Alemania alertan desde hace años sobre las consecuencias del envejecimiento de la población y las necesidades que este fenómeno traerá para el mercado de trabajo.
Durante la crisis de desplazamiento forzoso procedente de Siria en 2014, esta certeza inspiró, en parte, al gobierno alemán y a la sociedad a hacer un esfuerzo y responder integrando exitosamente cerca de un millón de refugiados por la vía de la formación y el empleo.
El coste inicial se ha traducido en beneficios a medio y largo plazo tanto demográficos (el 40% de la población que llegó tenía menos de 25 años) como económicos (un estudio del Instituto Ifo de 2018 estimó que el impacto fiscal neto de la inmigración siria en Alemania alcanzaría el +0.3% del PIB para 2030). El país sabe que necesita esos trabajadores. Para resolverlo, han planteado diversas iniciativas que abren la oportunidad de migración laboral al país a través de la contratación en origen o de visados de búsqueda de empleo. En ocasiones, las propias empresas e instituciones alemanas se involucran en la educación de los trabajadores y trabajadoras que precisa su mercado, como el programa que forma en Filipinas a miles de profesionales de enfermería para después desplazarse de forma ordenada y segura a trabajar en Alemania de forma temporal o definitiva.
Aunque de manera a veces discreta, muchos otros países están tomando decisiones en la misma dirección. Nueva Zelanda es un ejemplo de economía que ha utilizado los programas de migración temporal como un mecanismo para ordenar la movilidad hacia su país y garantizar beneficios para todos.
Estos flujos crecieron antes de la pandemia hasta casi un 10% de la población total del país, a través de un modelo combinado de posibilidades: temporeros en sectores como la agricultura, estudiantes, familias con derecho al empleo o trabajadores en capacidades esenciales.
Se trata de un modelo que resuelve las necesidades de sectores claves de la economía neozelandesa, garantiza los derechos de los trabajadores y les ofrece más oportunidades a medida que cumplen con el programa. Y funciona especialmente bien en la relación con países vecinos en los que reside población dispuesta a desplazarse temporalmente.
Los sistemas más ordenados son aquellos que facilitan la entrada y la salida de personas sobre la base de unas reglas claras, y también garantizan las obligaciones y derechos de quienes llegan de fuera y de las comunidades que les acogen.
La estancia regular permite a las instituciones saber quién vive en sus comunidades y qué necesidades tienen, así como asegurar la responsabilidad de todos los miembros de la comunidad ante la justicia y ante sus vecinos.
La clandestinidad es una fuente de explotación laboral y de abusos, un potencial refugio para quienes quieran actuar al margen de la ley y una fuente de negocio para las mafias locales y ajenas.
Los Países Bajos han realizado 10 regularizaciones desde los años 80, las mismas que ha llevado a cabo Francia.
Entre los años 1986 y 2001 Luxemburgo llevó a cabo 4 regularizaciones, una de ellas exclusivamente para regularizar a más de mil españoles y portugueses que residían sin papeles en su territorio.
Alemania es uno de los países que ha realizado las mayores regularizaciones, con un total de casi dos millones de personas regularizadas desde 1996.
Grecia regularizó a casi un millón de personas
La mayor regularización de Italia, que se aplicó a 635.000 personas, la llevó a cabo el gobierno de Silvio Berlusconi a través de una ley promovida por el histórico líder de la derechista Liga Norte, Umberto Bossi.
Regularizar a 500.000 personas en España implicaría una aportación fiscal neta anual por migrante de 3.250€. Un total de 1.500 millones.
El imperio criminal de Al Capone se desmanteló, no por la fuerza policial, sino por una simple condena por evasión de impuestos.
La respuesta han sido las regularizaciones de carácter extraordinario. Desde 1986 se han producido nueve procesos de regularización que respondieron de manera práctica a la necesidad de integrar a los migrantes sin papeles en la sociedad y en la economía formal.
De estos, cinco fueron impulsados por el Partido Popular (centroderecha), y cuatro por el PSOE (centroizquierda), con un total acumulado de cerca de 1,4 millones de regularizaciones. Aunque a veces polémicas, las medidas fueron aceptadas con relativa naturalidad por la mayor parte de los ciudadanos, acostumbrados a convivir con trabajadores y trabajadoras irregulares en las calles, en sus centros de trabajo y hasta en sus propios hogares.
Lo que es más importante, los estudios sobre las consecuencias de estas regularizaciones muestran dos resultados significativos. Primero, que ninguna de ellas provocó el denominado “efecto llamada” que a menudo utilizan sus detractores; y segundo, que la regularización es un mecanismo fundamental de integración social a través de la formalización del empleo y el acceso pleno al juego de derechos y obligaciones que constituye una ciudadanía moderna.
Todas las razones que justifican un proceso extraordinario de este tipo se han magnificado durante los últimos años en España, que lleva casi dos décadas sin hacer ninguna regularización. Un movimiento popular sin precedentes, liderado por las comunidades de migrantes sin papeles, ha logrado llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por cerca de 700.000 españoles y españolas con derecho a voto.
Este proceso podría sacar de la sombra legal y administrativa a un número estimado de entre 500.000 y 600.000 personas migrantes residentes en España. Parte de esta población –como los más de 125.000 niños y niñas sin papeles, o las mujeres víctimas de trata– merece ser regularizada por razones humanitarias. Pero en este proceso se esconde también un extraordinario beneficio para el conjunto de la sociedad española.
La mayor parte de estas personas son trabajadores y trabajadoras ocupados en empleos esenciales para sostener la economía y los servicios públicos españoles: desde la recogida de la fruta y la verdura, pasando por los cuidados especializados, la construcción, la hostelería o incluso empleos de alta cualificación como la programación.
De acuerdo con el estudio realizado por la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III de Madrid, su regularización supondría para las arcas públicas un beneficio neto de unos 3.400 euros por trabajador y año, lo que supone no menos de 1.200 millones de euros anuales. La formalización trae derechos y también obligaciones, lo que supone una apuesta por la seguridad fruto de la integración social.
España no es un caso aislado. Diferentes países europeos han realizado numerosas regularizaciones a lo largo de las últimas décadas. Las más recientes tuvieron lugar en Italia, Portugal y Francia para reconocer la contribución de migrantes durante la pandemia. Eso sí, conviene no olvidar que la irregularidad –y la necesidad de regularizar cada cierto tiempo– es, en buena medida, la consecuencia de un sistema de movilidad laboral mal ajustado.
La mejor garantía contra la irregularidad es un modelo flexible y más abierto que permita la entrada y salida de trabajadores de acuerdo con las señales del mercado.
Los efectivos militares y policiales son elementos de defensa y de represión; y las comunidades a ambos lados del muro son protagonistas involuntarias de un enfrentamiento desigual y deshumanizado que se producirá irremediablemente.
Nunca antes hubo tantos muros, ni fronteras tan sofisticadamente militarizadas. Y nunca antes hubo tanta migración irregular ni estos niveles de violencia y caos fronterizo. La construcción de muros no se ha traducido en un descenso de la movilidad humana, pero sí han transformado profundamente el modo en el que ésta se produce.
Entre 1980 y 2018 el coste del servicio de patrulla fronteriza en los Estados Unidos creció en más de un 500%
En 2022 las personas mexicanas pagaron cerca de 7000 dólares de media para cruzar con coyotes a Estados Unidos
En el año 2023 Colombia experimentó el primer declive en población venezolana en una década, tendencia que continúa en 2024.
El mundo tiene hoy diez veces más kilómetros de muros que en 1990.
La frontera que separa a Colombia de Venezuela permaneció cerrada durante siete años tras una decisión unilateral del presidente Maduro en 2015. Según las autoridades colombianas, las consecuencias de este cierre incluyeron una disminución del comercio regular entre ambos países y un incremento significativo del crimen organizado y de la delincuencia. En el periodo de cierre de la frontera, se habría pasado de tres bandas criminales a trece. La migración, sin embargo, continuó accediendo al país de forma irregular, en respuesta a la crisis política y socioeconómica que sufría Venezuela. La población de migrantes sin papeles se acumuló en plena pandemia de la Covid19, lo que supuso un doble desafío para la sociedad y las autoridades colombianas.
La respuesta, sin embargo, no fue construir un muro imposible o tratar de militarizar una frontera de más de 2.200 km de longitud. Aunque los sucesivos gobiernos de Colombia han cometido errores y las poblaciones de ambos países se han visto obligadas a convivir en circunstancias muy difíciles, el balance final ofrece lecciones al mundo entero. Colombia optó por la concesión de permisos de residencia –cerca de 2 millones, para un período de 10 años y con el reconocimiento de pasaportes caducados–, la regularización y la incorporación de los migrantes al Estado de derecho y al mercado de trabajo formal.
Sobre la base de un pragmatismo que veía la movilidad humana como un fenómeno de nuestro tiempo y una oportunidad de progreso colectivo, hoy Colombia tiene una tasa de irregularidad ligeramente más alta que la de España, por ejemplo, pero con un volumen relativo de llegadas mucho más alto. La mayor parte de los líderes nacionales se han mostrado responsables en sus discursos públicos y la presión de nuevas llegadas ha ido remitiendo. Los colombianos y colombianas no han permitido que el miedo al otro determine lo que son y la relación que tienen con sus vecinos.
En los últimos años el odio, la polarización y la desinformación se han vendido como las herramientas indispensables para ganar batallas electorales.
La canciller alemana Angela Merkel, sometida a la presión de la llegada de la diáspora siria a su país optó por acoger y defender la acogida en contra de lo que sucedía en los países que la rodeaban. Jacinda Ardern era la primera ministra neozelandesa cuando su país sufrió el mayor atentado de su historia, y ella optó por un discurso de unión y de solidaridad, sin caer en la polarización que le exigía la oposición. Ambas lograron resultados electorales históricos y serán recordadas como dos de las líderes más influyentes de su tiempo. Y hay más ejemplos, como Justin Trudeau, Pepe Mújica, Manuela Carmena, etc.
Jacinda Ardern fue incluida por la revista Time entre
las personas
más
influyentes
del planeta
en 2018,
2019 y 2020.
de los refugiados que ingresaron a Alemania en 2015 cotizan a la seguridad social.
de los alemanes
entienden la migración,
en primer lugar, como un beneficio para la economía
La decisión de Merkel se produjo en solitario, contra las cautelas electorales de su partido y forzando el inoperante sistema europeo de asilo. Fue una decisión audaz y tomada a conciencia. Desde entonces, la mayoría de esta población migrante se ha incorporado al mercado de trabajo y contribuye al erario público con sus impuestos. Prácticamente todos han logrado aprender alemán, dos terceras partes trabajan y uno de cada cuatro se incorporó a programas de formación, en un proceso de integración llamativo por su rapidez y eficiencia. En un país amenazado por el invierno demográfico, la población refugiada –joven y económicamente dinámica– se ha convertido en un factor de progreso nacional que no desencadenó un caos fronterizo y que no impidió a Angela Merkel revalidar por tercera su cancillería en 2017.
Ese mismo año, a 18.000 km de distancia, Jacinda Ardern ascendía a la oficina de primera ministra tras una breve campaña en la que dio la vuelta a todas las previsiones electorales. Su estilo de liderazgo fue descrito por ella misma como “amable pero fuerte, empático pero decisivo, optimista pero centrado”. La política como un “espacio para hacer el bien” y la prosperidad como la construcción de una sociedad “segura de sí misma y compasiva”. Ardern logró, en los duros años de la pandemia, lo que parecía imposible: esquivar la polarización e instalar entre sus ciudadanos la fe en las posibilidades de cambiar la sociedad que les rodea.
La autenticidad y la validez del discurso político de Ardern fueron puestos a prueba en marzo de 2019, durante el primer y único ataque terrorista que ha sufrido Nueza Zelanda. Dos tiroteos en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch durante la hora de la oración dejaron 51 cadáveres y una sociedad conmocionada. Frente a este crimen de odio, la respuesta de Ardern llamaba a buscar el sentimiento de comunidad en “nuestra humanidad”, no en las “fronteras nacionales”, ni en la “etnicidad”, “el poder” o incluso las “formas de gobierno”. En su discurso a la población de Christchurch invitó a la sociedad neozelandesa a convertirse en quienes dicen ser, enfatizando que las familias de las víctimas y la comunidad musulmana que ha nacido o se ha establecido en Nueva Zelanda “son nosotros”.
La polarización lleva al caos y en ese espacio se pueden tomar decisiones extremadamente erróneas e irreversibles.
En 2015, el primer ministro británico David Cameron tomó una decisión muy imprudente: se dejó llevar por la demagogia que había cultivado una porción de su electorado y convocó un referéndum para decidir si el Reino Unido debía seguir formando parte de la Unión Europea (UE).
Esto se produjo en el punto álgido del éxodo sirio, cuando los estragos de la Gran Recesión aún eran palpables y en pleno surgimiento de la desinformación global. Ganó el SÍ. Así se cerraban las puertas de entrada a los ciudadanos de la UE, pero se cerraban también las puertas de salida a los británicos.
Los trabajadores migrantes representan el
17%
de las ocupaciones esenciales para sostener la economía
y los servicios públicos británicos.
Aumento de 300.000 migrantes en 2016 a 800.000 en 2022 en el Reino Unido
Se calcula que la inversión empresarial en el Reino Unido es un 31% inferior a la tendencia anterior al referéndum.
En octubre de 2023
+25%
de las empresas del sector del alojamiento y la alimentación sufrían escasez de personal en ese momento, el mayor porcentaje de todos los sectores industriales
La virulencia de los mensajes de odio de la campaña del Brexit llevó al asesinato de la joven parlamentaria birtánica Jo Cox el 16 de junio de 2016, siete dias antes de las votaciones. Su asesino, un activista de extrema derecha, empuñó el arma al grito de “Britain First”.
Ocho años después del Brexit, el Reino Unido se ha sumido en un caos con consecuencias diferentes a las prometidas para el control de fronteras, como reconocía la ministra del Interior Suella Braverman en 2022. Durante estos años el Reino Unido ha experimentado un crecimiento récord de sus cifras de inmigración, ha convertido la gestión del Canal de la Mancha en un desorden permanente y en una fuente de conflictos con sus vecinos, y ha tensionado la interpretación de las leyes nacionales e internacionales de protección hasta hacerlas irreconocibles.
La composición de los flujos migratorios ha cambiado, reemplazando a los ciudadanos de la UE por nacionales del sur de Asia y de África, pero las necesidades crecientes del mercado de trabajo británico –cuyas carencias son graves en sectores económicos fundamentales– han establecido un inapelable ritmo de llegadas.
Desde su salida de la Unión Europea, los indicadores de comportamiento económico del Reino Unido han sido sistemáticamente peores que los del resto del G7. Su PIB per cápita estaba, en 2022, siete puntos por debajo de la EU-27. El país ha experimentado una caída sin precedentes en sus niveles de producción, apertura comercial e inversión recibida.
El país que vio nacer el liberalismo económico y estuvo en la vanguardia de la construcción del derecho internacional se ha convertido en un socio comercial poco fiable y en un activista contra las normas de asilo. La desinformación, la polarización y las narrativas del odio pueden llevar a las sociedades a tomar decisiones irreversibles de las que se arrepentirán durante décadas. Llevar a la práctica ideas xenófobas y soberanistas sin haber hecho un análisis realista de sus consecuencias ha demostrado ser un gran error cuyos responsables han pagado con la mayor derrota electoral en la larguísima historia de la democracia británica. El Reino Unido recuperará parte de las relaciones rotas con Europa y revertirá algunas de las decisiones más insensatas de estos años, pero será muy difícil reparar el daño.
Autores: Gonzalo Fanjul, Matilde Aizpurua, Alexia Galanakis, Piero Piffardi y Patricia Sampedro
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Merkel https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angela_Merkel,_Juli_2010.jpg
©porCausa – Septiembre 2024